Una enmienda del PP obliga a Puig a decidir si acepta o no investigar los abusos a menores tutelados

Una enmienda del Partido Popular a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por los socialistas valencianos ante la Mesa de las Cortes autonómicas obliga al presidente de la Generalitat el también socialista Ximo Puig a decidir si acepta o no investigar los abusos a menores tutelados por la propia Generalitat. En concreto, por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Mónica Oltra (Compromís).

El Grupo Popular en las Cortes Valencianas ha dado otro giro de tuerca en su intención de llegar hasta el final en el caso de los abusos de menores tutelados por la Generalitat Valenciana. En esta ocasión, han presentado una enmienda a una PNL llevada a la sede parlamentaria valenciana por los socialistas de Puig con la que éstos pretenden instar las Cortes Generales a ampliar la investigación sobre bebés robados en la Comunidad Valenciana para la elaboración del Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. El PP quiere que se incluya en dicha investigación los abusos sexuales de menores tutelados por la Generalitat Valenciana. En concreto, por la consejería de Mónica Oltra.

La iniciativa esta impulsada por la diputada Verónica Marcos y por la síndica portavoz adjunta del Grupo Popular en las Cortes Valencianas Elena Bastidas: la misma diputada que efectuó un exhaustivo trabajo de  investigación que ha servido de base para que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se interese y entre de lleno a investigar, también, esos abusos a menores tutelados en la Comunidad Valenciana.

Así, el PP sostiene en su enmienda a la PNL que las Cortes Valencianas «instan» al Gobierno valenciano a recopilar toda la documentación existente en las diferentes administraciones, asociaciones, etc., sobre los casos de «bebés robados con la Comunidad Valenciana y el abuso de menores tutelados por la Generalitat». así como dar cuenta de esa documentación a las Cortes generales para que «aprovechando la buena predisposición de las partes implicadas se amplíe la investigación sobre los bebés robados en la Comunidad Valenciana y los abusos a menores tutelados por la Generalitat para la elaboración del Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica encomendado por las Cortes Generales al Defensor del Pueblo».

La enmienda popular pone en una situación muy complicada a la izquierda valenciana. Pero, sobre todo, a Puig. Si la rechazan, podría entenderse que no quieren que se investiguen esos abusos a menores tutelados, lo que sería especialmente relevante en un momento como el actual, en el que un Juzgado de Valencia ha imputado a 13 cargos y funcionarios de la Consejería de Mónica Oltra en el caso en que se investiga la supuesta ocultación de la denuncia de la menor de los abusos sexuales que sufrió por parte del entonces marido de Mónica Oltra en un centro tutelado por la Generalitat. Un caso que está teniendo repercusión en todo el Estado español. Pero si la aceptan, el problema quién puede sentirse desairada será la propia Oltra.

La inclusión de esta enmienda no es la única iniciativa que el PP valenciano va a tomar en torno a este tema a corto plazo en el ámbito de la responsabilidad política. Quieren llegar hasta el fondo del asunto en sede parlamentaria y que tanto Ximo Puig como Mónica Oltra se posicionen claramente.